Lecturas de prensa 16, desde UPALÁH
Periodísticamente, la siguiente noticia no le
agrega ninguna información nueva al problema. Es, un refrito, una noticia de
relleno, o que la realidad desborda la actualidad y esto obliga a regresar
sobre la basura misma.
Los ayuntamientos tenían tiempo para
presentar el plan hasta marzo. Pese al incumplimiento, los gobiernos locales infractores no se exponen a
castigos porque la ley no los contempla.
“La ley no indica ninguna sanción para la
municipalidad que no cumple”, lamentó Eugenio Androvetto, jefe de la Dirección
de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud. El funcionario agregó
que están buscando mecanismos alternativos para que los ayuntamientos cumplan
con la ley.
Comentario: Que los ayuntamientos tenían tiempo, pero les
valió un rábano, porque no existe ley que los sancione es tan común que ya ni
es noticia.
Alcalde Sn Marcos de Tarrazú: “No lo
hemos puesto en marcha porque nos hace falta un centro de acopio para el tema
de reciclaje aproximadamente 67 toneladas de residuos al
mes, el 64% de ellas son reutilizables, según el diagnóstico hecho por el
municipio.
Comentario:
Es como decir: Lo tenemos todo,
pero nos falta. Esto afirmó el Alcalde
San Mateo: “ya poseen un plan de manejo de residuos, pero aún no lo están
ejecutando”.
Desorden impera en planes municipales para basura
Tres entes tienen cifras distintas de
municipios que ya tratan sus desechos
Ley de manejo de residuos no previó sanciones en caso de
incumplimiento
A cuatro años de la aprobación de la
ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el país
sigue sin una política clara para el manejo, clasificación y reutilización de
la basura que produce.
Las autoridades no saben con exactitud cuáles municipios cumplen con la
legislación, no existen sanciones para los infractores y tampoco hay una
estrategia de fiscalización para los planes de manejo de residuos aprobados en
los distintos cantones.
El Ministerio de Salud,
la Defensoría de los Habitantes y elCentro de Producción Nacional (Ceprona) discrepan sobre la cantidad de
municipalidades que ya tienen el plan de gestión integral de residuos aprobado.
El plan de manejo de residuos es una herramienta –exigida por la ley–
que permite a los municipios cuantificar los residuos, clasificarlos y
buscarles una reutilización. Además, facilita la actualización de tarifas de
recolección. Es exigido por la ley y debe orientar las acciones de los
ayuntamientos para tratar sus desechos sólidos.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, 64 municipios ya cumplieron con
la normativa, 19 están en proceso y ocho no muestran ningún tipo de avance.
La estadística toma en cuenta los 81 cantones y nueve concejos de
distrito.
La Defensoría de los Habitantes registra que 59 gobiernos locales ya
aprobaron el plan, 26 están en proceso y cuatro no informaron nada sobre su
situación.
Por su parte, la organización no gubernamental Ceprona sostiene que solo
48 municipios poseen el plan y 41 no.
Según un estudio de la Universidad Nacional (UNA) realizado en 2103,
cada día el país genera un aproximado de 3.038 toneladas de residuos sólidos
por día.
Los ayuntamientos tenían tiempo para
presentar el plan hasta marzo. Pese al incumplimiento, los gobiernos locales infractores no se exponen a
castigos porque la ley no los contempla.
“La ley no indica ninguna sanción para la municipalidad que no cumple”,
lamentó Eugenio Androvetto, jefe de la Dirección de Protección al Ambiente
Humano del Ministerio de Salud.
El funcionario agregó que están buscando mecanismos alternativos para
que los ayuntamientos cumplan con la ley.
Sin supervisión. El Ministerio de Salud reconoce que no hay
fiscalización sobre la calidad de los planes municipales existentes ya que solo
deben pasar por la aprobación de cada concejo municipal.
Además, Salud admite que por ahora no son capaces de determinar cuáles
planes están siendo ejecutados y cuáles no.
“Sabemos que están elaborados y algunos
se están implementando, pero la ejecución y el grado
de avance, es información que no tenemos”, señaló Androvetto.
“Un buen o mal plan de gestión va a depender de su puesta en
operación porque el plan puede estar perfectamente diseñado, pero la puesta en
operación es lo que vale en esto”, dijo Juan Manuel Cordero, director del Área
de Calidad de Vida de la Defensoría.
El informe de esta institución señala a los cantones de Santa Ana, San
Carlos, Alvarado, Belén, Abangares, Buenos Aires y Talamanca como los lugares
con mayor grado de cumplimiento de la ley.
Por el contrario, señalan a
Tarrazú, San Mateo, El Guarco, Nicoya,
Garabito y Guácimo como los sitios con menor avance.
Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo, afirmó que ya poseen un plan de
manejo de residuos, pero aún no lo están ejecutando.
“No lo hemos puesto en marcha porque
nos hace falta un centro de acopio para el tema de reciclaje aproximadamente 67 toneladas de residuos al
mes, el 64% de ellas son reutilizables, según el diagnóstico hecho por el
municipio.
El camino ¿o autopista?) tiene
que estar despejado: de trámites, de dudas y de derrumbes.
Gobierno da 4 meses a chinos para aclarar crédito
de ruta 32
El Poder Ejecutivo espera
que en un plazo, no mayor a cuatro meses, la firma china CHEC aclare los
extremos del crédito y contrato para ampliar un tramo de la carretera a Limón (ruta32).
El ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, espera tener el camino
despejado en ese periodo, de tal forma que se pueda reiniciar el trámite del
financiamiento de $395 millones en el Congreso.
“Les hemos pedido que nos respondan pronto. El plazo que les solicitamos
es una ruta de cinco meses: cuatro para ponernos de acuerdo en los aspectos
técnicos, incluyendo diseño y uno para la discusión legislativa”, afirmó
Jiménez.
El vocero de la Presidencia recalcó que el tema de los costos y el
diseño son claves para seguir adelante con la obra.
El crédito con la firma China Harbour Engineering Company (CHEC) es uno de los proyectos heredados a esta
administración por el gobierno de
Laura Chinchilla.
El ministro de Transportes, Carlos Segnini, se reunió con representantes
de la Embajada de China y con delegados de la firma CHEC para renegociar el
contrato.
La revisión del convenio es una
prioridad para el Gobierno. En su viaje a EE. UU., hace una semana, el
presidente Luis Guillermo Solís dijo que la renegociación del crédito para la ruta 32 podría entrar en los temas
de una eventual visita suya a China, en octubre.
Sin embargo, esas conversaciones se adelantaron y ahora el Ejecutivo
espera el criterio de la matriz de CHEC sobre el plazo pedido por el Ejecutivo
para salvar el proyecto, que además debe aprobarse en la Asamblea.
Jiménez manifestó que el acuerdo para revisar el contrato, con todo y
plazo, está avalado por los jefes de fracción de las nueve bancadas de la
Asamblea Legislativa.
“Hay una disposición de ambas partes y, sobre todo, para ponernos de
acuerdo en los tiempos”, comentó Jiménez, quien aclaró que los representantes
chinos deben ahora consultar esta propuesta a su matriz en tierras orientales.
El proyecto queda, por ahora, congelado.
Congreso y Ejecutivo descartan entrada a buques de
guerra
Ministro Jiménez
contradice a Solís que abrió posibilidad de renegociar acuerdo.
Según los dos
párrafos siguientes, existe una “confrontación” de criterios entre el
Presidente Solís y su vocero, el Ministro de la Presidencia, el obispo Melvin
Jiménez.
En serio: ¿Quién
manda en Casa Presidencial?
“Si se van a utilizar barcos de la Armada, entonces, o se usa el
principio que contempla la Constitución (...) o se renegocia el acuerdo para
que entren, de acuerdo con los términos de ese convenio y con ese propósito”,
dijo Luis Guillermo Solís, el 2 de junio pasado.
Sin embargo, el viernes, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez,
afirmó que conversó con el mandatario Solís sobre la conveniencia de mantener
el convenio de patrullaje tal y como está, y que solo se permita el ingreso de
naves del Servicio de Guardacostas.
La Casa Presidencial y
la Asamblea Legislativa descartan la entrada de
buques de guerra de EE. UU., en el marco del convenio de patrullaje conjunto
entre Costa Rica y los estadounidenses.
Diputados del oficialista Partido
Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN)
y Frente Amplio coincidieron en que no votarían por un cambio al convenio de
patrullaje para el atraque de los buques de la Fuerza Naval de los Estados
Unidos.
La negativa surge a tres semanas de que el presidente, Luis Guillermo
Solís, dijera que si EE. UU. necesita el ingreso de sus naves de guerra para
combatir el narco, él estaría dispuesto a renegociar el convenio, vigente desde
1999.
“Si se van a utilizar barcos de la Armada, entonces, o se usa el
principio que contempla la Constitución (...) o se renegocia el acuerdo para
que entren, de acuerdo con los términos de ese convenio y con ese propósito”,
dijo Solís, el 2 de junio.
El convenio de patrullaje conjunto limita el permiso de ingreso a aguas
ticas a las embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas de los Estados
Unidos.
Cada vez que ingresa un barco de la Fuerza Naval de ese país, debe
contar primero con el aval de la Asamblea Legislativa, lo que a criterio de
Solís es “engorroso”.
A la posición de Solís se suma la del
encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Gonzalo R.
Gallego, que en entrevista con este diario dijo que para su país se
facilitarían las cosas si se permitiera el arribo de naves de guerra a aguas ticas.
“Podemos decir que algunas cosas serían más fáciles (con la entrada de
los buques)”, expresó.
Sin embargo, el viernes, el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez,
afirmó que conversó con el mandatario Solís sobre la conveniencia de mantener
el convenio de patrullaje tal y como está, y que solo se permita el ingreso de
naves del Servicio de Guardacostas.
“Yo he hablado con el señor presidente y, en realidad, siempre hemos
conversado que nuestro espíritu sigue siendo el convenio que tiene que ver con
los Guardacostas de EE. UU., que no son parte de la Armada, aunque sí deben
estar artillados para su defensa”, dijo.
Jiménez recalcó que no ve posibilidad
de que en el mediano plazo esa situación
cambie.
Agregó que leyó “con sorpresa” lo que
manifestó el representante de la Embajada de Estados Unidos sobre la
conveniencia de un aval ampliado a buques de guerra.
El diputado del PAC Ottón Solís advirtió que “nunca” daría un voto para
permitir la entrada de buques como parte del convenio con los estadounidenses.
Por su parte, el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, sí
avaló la entrada de buques.
Guevara apuntó que su Partido siempre ha votado afirmativamente el
ingreso de naves artilladas dentro del marco del convenio, sin consideraciones
sobre si son de Guardacostas o de la Marina.
Proyectos turísticos en Nicaragua recibirán $100
millones
El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) espera aprobar este 2014
unos $100 millones para proyectos de la industria turística, sobre todo en
infraestructura hotelera, restaurantes y centros de recreación.
Se espera que esos proyectos generen unos 1.853 empleos durante su etapa
de construcción y más de 122 permanentes cuando entren en operaciónl.
En lo va de este año, este instituto ha aprobado $69 millones para proyectos
de desarrollo de la industria turística.
De ese total, $12,9 millones serán destinados para construir un pequeño
aeropuerto en el municipio de San Juan del Sur, que acoge un turístico
balneario en el Pacifico, precisó el director jurídico del Intur, Omar Oporta,
en una declaración escrita difundida este sábado.
Ese aeropuerto, que se llamará Esmeralda, tendrá una extensión de
1.500 metros de largo por 30 metros de ancho y podrá recibir aviones con
capacidad de hasta 50 pasajeros, detalló Oporta.
Amas de casa echan mano a los desechos de Orotina
Mujeres de Orotina dan el ejemplo a las autoridades
municipales en temas de reciclaje . Pero hay algo que no cuaja. A ellas les
pagan apenas 15 mil colones mensuales más una ayuda del IMAS. Sin embargo, hay algo
que no cuaja. El municipio no tiene plan de manejo, ni recoje la basura en todo
el cantón, sino que la depositan en el Parque, para que las mujeres de la Liga
Ambientalista (LEA) realicen ahí su trabajo.
Desde la siete de la mañana, un grupo
de diez mujeres llega al relleno sanitario de Orotina para
separar en bolsas el material reciclable. Rodeadas de basura y malos olores, estas amas de casa –en
condición de pobreza– se arman de paciencia para clasificar vidrio, papel,
plástico y aluminio.
Al final del mes, recibirán ¢15.000
como remuneración a cambio del reciclaje y
una ayuda económica del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
No obstante, la verdadera recompensa,
según dicen, está en ayudar en la limpieza de uno de los 27 cantones, que según
elMinisterio de Salud, no tiene plan de manejo de residuos sólidos.
Las mujeres pertenecen a la Liga de
Enlace Ambientalista (LEA), la cual se formó hace cuatro años. Para varias de
ellas, este trabajo ha implicado un
cambio importante en sus vidas. “Acá han llegado señoras enfermas y con
depresiones serias. Esto les ha dado un oficio que las ha hecho sentirse
diferente”, comentó Ileana Loría, líder del grupo.
“Para mí es un beneficio porque estoy ayudando al ambiente y colaboramos
con el pueblo. Somos un grupo muy unido”, mencionó Ruth Pérez , de 57 años.
María Elena Carballo, de 46 años, llegó a LEA con la idea de distraerse
y ganar algo de dinero para sacar adelante a un hijo que sufre una
discapacidad.
“Yo viajo desde largo para estar aquí (...) el pago le sirve a uno
montones, pero hay otras cosas como el apoyo de las compañeras”, dijo la mujer.
Muy activa. Esta organización recupera 45 sacos de botellas
plásticas de 30 kilos cada uno y 16 estañones de vidrio por bimestre.
“Con nuestro trabajo estamos tratando de acostumbrar a las personas de
Orotina a reciclar”, añadió Loría.
LEA tiene jornadas mensuales de recolección de material reciclable en el
parque de Orotina ya que aún la municipalidad no hace recolecciones diferenciadas
de de sus residuos.
Con el apoyo del ayuntamiento, el proyecto ahora cuenta con un camión
para el traslado de los desechos hasta el centro de acopio y almacenamiento.
Uno de los inconvenientes con que
lidian , comentó Alfredo Alfaro, encargado de la elaboración del plan de manejo
de la municipalidad de Orotina, es la falta de un gestor
ambiental. “Estamos atados de manos ya que desde hace un año estamos esperando
ese nombramiento para finalizar el proyecto.”
Seleccionados tuvieron que ir a pruebas de dopaje
por falta de pasaporte biológico
Ocho jugadores no
pudieron realizar estas pruebas en Costa Rica porque
no estaban en el país
·
El presidente de la Comisión de
Selecciones Nacionales, Adrián Gutiérrez, aclaró hoy que no hubo ningún
problema en que fueran siete jugadores a las pruebas de dopaje tras
el partido ante Italia.
Según Gutiérrez, la FIFA tomó está
medida pues a ocho jugadores de la Tricolor no se le
hicieron las pruebas del pasaporte biológico.
Rercordemos que el pasaporte biológico permite determinar un perfil
hematológico y urinario de cada futbolista, para controlar de esta forma la
evolución y el comportamiento de cada jugador.
Dichas pruebas se hicieron el pasado 16 de junio en Costa Rica, pero
Diego Calvo, Marco Ureña, Michael Barrantes, Celso Borges, Keylor Navas,
Giancarlo González y Joel Campbell no pudieron realizarlas pues aún no habían
llegado al país.
Eso sí, Gutiérrez indicó que la
Federación sí está molesta por la falta de tacto por hacerlo al final del triunfo
ante Italia; incluso enviaron una nota a FIFA para quejarse del asunto, pero
nada más, pues saben que no van a responder.
"Solo eso vamos a hacer porque nosotros vinimos a competir y no a
estar llorando", mencionó Gutiérrez.
En el primer partido ante Uruguay, los que salieron en la rifa normal de
FIFA para realizar el control fueron Bryan Ruiz y Joel Campbell y el ente
mundial decidió llevar, de una vez, a Giancarlo González y Michael Barrantes.
La FIFA decidió ayer llevar a los cinco futbolistas faltantes de una
sola vez, por esa razón llevaron a siete jugadores luego del partido ante
Italia.
Gutiérrez añadió que la recolección de
la prueba del pasaporte biológico se tiene que hacer antes del tercer partido,
porque es cuando están todas las 32 selecciones en Brasil 2014.
Regreso inoportuno
En todas las actividades hay reglas de comportamiento colectivo e
individual, a las que, de una manera más seria, se les puede llamar “reglas de
protocolo”. Así, ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, si un jugador está
lesionado, los del bando contrario lanzan la bola fuera del campo y el equipo
del lesionado devuelve el balón al hacer el saque. Esto no es parte de las
reglas de la FIFA, pero es tan fuerte como si fuera una de ellas.
En política también existen esas reglas que manda el protocolo. Una de
ellas es que quien deja la presidencia de la República se tome varios meses
antes de criticar o censurar actuaciones del nuevo Gobierno. Esto es así para
dar un espacio, a fin de que quien inicia implemente los cambios que implica la
llegada de un nuevo Gobierno. Pero, además, es incluso estratégico: evitar que
se promuevan comentarios más vehementes contra la Administración saliente como
respuesta a sus prematuras críticas.
Por esa razón, resulta altamente criticable que la expresidenta
Chinchilla no esperara a que transcurriera un mes calendario para criticar a la
Administración Solís por derogar una directriz en materia tributaria. Sorprende
que casualmente fuera con este tema, pues, si quería hacerse sentir, habría
sido más legítimo reaccionar frente al ataque a la Red de Cuido –para muchos,
el punto alto de su gobierno–.
Sin embargo, criticó un cambio en materia de conciliaciones por disputas
tributarias, ante una directriz suya que poco o nada ayudó al fisco, porque,
con dos años de vigencia, ni se recobraron más impuestos ni se aumentaron las
condenas. En otras palabras, completamente inocua. Además, lo definido por las
nuevas autoridades no implica la conciliación en beneficio de nadie, pues, como
es la regla en la doctrina del derecho, hay, o no, arreglo a criterio de las
partes: en este caso, el Estado, una de ellas.
De ahí que el regreso tan inoportuno de doña Laura se ve más como una
acción revanchista contra un medio, lo cual es extraño porque, si en cuatro
años de su administración no pudo formalizar acusación alguna, es cuestionable
que espere que lo haga su sucesor.
En realidad, el caso que desvela a la exmandataria es complicado, dado
que el contribuyente pagó, como lo ha reconocido la Procuraduría, lo cual
dificulta la acción del Ministerio Público para justificar el dolo necesario
para el tipo penal, pero, además, pondrá en apuros al Gobierno, pues debe
justificar por qué se dejó el dinero del pago y no lo acreditó o devolvió. En
síntesis, tan censurable es no pagar impuestos como usar el sistema tributario
para cobrar facturas no tributarias.
En La Nación de hoy 22 de
junio de 2014 escrito por Fernando Durán Ayanegui.
AUN LO QUE RELUMBRA Y ES
ORO, HUELE MAL Y ES ADMIRADO.
Una paradoja sobre las
reverencias que los ignorantes le hacen
a lo que ignoran, solo porque se lo visten con el ropaje del poder y del
ritual.
Léase la historia de aquel faraón cuyo hijo tenía vedado el
acceso a las altas dignidades del Gobierno por haber nacido con una limitación
física. Para desentenderse del tabú, el faraón le asignó a su desdichado retoño
un nuevo sacerdocio denominado algo así como “Supremo Velador del Tibor
Dorado”, cuya sola función consistía en retirar cada mañana, de la alcoba real,
el recipiente de oro que contenía las deposiciones nocturnas del soberano. Pero
no portándolo de cualquier manera, sino que, vestido con todos los atributos
externos de su dignidad, el príncipe sacerdote debía conducir el divino
receptáculo a lo largo del camino que conducía hasta el pozo sagrado donde se
purificaría. Lo más interesante es que todos los días, al amanecer, cortesanos
y allegados al poder se agolpaban a los lados del camino para dedicarle un
solemne homenaje, no al sacerdote sino al contenido del tibor que resplandecía
con el sol naciente.
En La Nación del 22 de junio de 2014 un editorial que revela una situación
alarmante.
Los rostros de miles de niños centroamericanos, agobiados
por el temor, la violencia y la miseria, son testimonio del desafío humanitario
que por largo tiempo ha enfrentado nuestra región. En estos momentos, la
situación de los menores, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador,
ha adquirido particular interés en Estados Unidos, cuyos puestos migratorios al
sur de Texas se han visto desbordados por niños indocumentados, sin familiares
ni custodios, detenidos al cruzar la frontera.
Los números reflejan la magnitud del problema. El año
pasado fueron recogidos alrededor de 25.000 menores; en el presente año, las
cifras ya bordean los 50.000. Este influjo ha obligado a las autoridades a
ampliar instalaciones a fin de albergar a los detenidos en espera de las
formalidades de la deportación.
Según se ha podido
constatar, la estampida de inmigrantes ilegales fue alentada por el rumor de
inminentes cambios en las normas migratorias que favorecerían la permanencia de
los menores en Estados Unidos. En otras palabras, un mero rumor propagado por
los “coyotes” para generar negocios condujo a familias enteras a desprenderse
de sus modestos bienes para pagar por adelantado los miles de dólares exigidos por esos
delincuentes, al parecer no menos de $6.000.
Lo cierto es que
no hay asomo de tales modificaciones legales en Washington. Por el contrario,
la atmósfera más bien se ha endurecido y la reacción oficial no se ha
hecho esperar. Además de amplias declaraciones oficiales para la prensa, los
contactos de alto nivel le han permitido al Gobierno difundir las
circunstancias reales. Por cierto, algunas facilidades adoptadas en el 2012,
sugeridas por grupos humanitarios en Washington, solo serían valederas para
quienes hubieran ingresado a Estados Unidos antes del 2007.
De gira por
Latinoamérica, el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, se reunió este viernes con los
presidentes de Guatemala (anfitrión de la cita), Honduras y
un enviado del Gobierno salvadoreño. El mensaje fue contundente: no se ha
producido cambio alguno y algunas iniciativas legislativas en dicha materia
difícilmente avanzarían de cara a los comicios de medio período, en noviembre
próximo.
Con todo, lo que
sí ha emergido del debate sobre temas migratorios es harto conocido: la raíz
del problema estriba en las sempiternas y agudizadas carencias socioeconómicas
de dichas naciones. Al respecto, la Administración en Washington está puliendo
una iniciativa de ayuda económica extraordinaria para los países de
donde provienen los mayores flujos migratorios. El propósito de esa asistencia
es darle algún alivio financiero a esas naciones. Valga señalar que la
inundación migratoria no es exclusiva de Estados Unidos. También naciones de la
región, como Belice y Panamá, experimentan aumentos inusuales.
Los menores
detenidos en Estados Unidos reciben asistencia de congregaciones religiosas,
organizaciones internacionales y hasta de familias durante el período que lleva procesar
las deportaciones.
Las autoridades en
Washington han designado como crisis humanitaria esta situación de menores, que
solos, sin tener una mano amiga, hacen el
peligroso recorrido de México a la frontera con Estados Unidos. En su opinión, ampliamente compartida, el problema
tiene tales dimensiones y antecedentes que el examen y la elaboración de
recetas institucionales demandaría un esfuerzo regional inédito.
Desde luego, eso
sería lo ideal, pero, a la luz de la experiencia, no siempre estas tareas compartidasmuestran avances palpables. En
naciones víctimas de una violencia arraigada, de deficientes cuadros
institucionales y carentes de una vocación demostrable de enrumbarse por los
caminos de las reformas esenciales, se requerirá mucho más que una declaración
oficial altisonante. Por desgracia, el empuje político demandado de un
concierto de Gobiernos, en especial amigos, tampoco se perfila en el horizonte
regional. No es un cuadro esperanzador ni mucho menos alegre. Pero ese es el
carril hasta la fecha.
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