Los 100
días de Luis Guillermo Solís
“APRENDÍ
POR LOS CAMINOS DE LA VIDA…..”
Dr. Luis Montoya Salas
Comunicólogo
Así
como nadie con sus cinco sentidos debidamente aterrizados leerá un texto sin estar completamente
convencido de que lo dicho es de su autoría, así también nadie escribirá una
coma, sin estar absolutamente convencido de la certeza de su verdad. Esto dicho
le endosa al Presidente Luis Guillermo Solís la total responsabilidad sobre las
implicaciones de su visión de mundo plasmado en este informe-discurso.
El
cambio que pregona el Presidente Solís Rivera se sintetiza y expresa en la estricta
aplicación de los artículos 11, 27 y 30 de la Constitución Política. Estos constituyen el pivote de su Informe de
los 100 días. Y esta por tanto, la fórmula para el éxito de su gestión. En sus
propias palabras: “El
solo cumplimiento de esta norma constitucional crearía un Estado y una sociedad
mejores”.
1.
Presentación
“ (…) y a las cúpulas de poder les digo:
Déjenme gobernar, permítanme avanzar y cumplir el mandato recibido en la urna
electoral”.
En
algún momento de su Informe, el Presidente Solís Rivera declara: “Aprendí en los caminos de la vida
que la política y, por tanto, el oficio de gobernar, siempre será un intento
por conquistar el futuro en medio de tenaces resistencias”. Con esta frase,
el Presidente reconoce la existencia de un poder paralelo tan fuerte (¿o más)
que el suyo al que conmina a mantenerse al margen, o al menos expectante ante
sus acciones y decisiones.
Sin embargo, si su frase responde
a una filosofía de vida ¿acaso existiría
alguna razón evidente para formularla, a menos que sospechara un boicot a su gestión?
La situación coyuntural del país,
caracterizada por un asfixiante déficit fiscal en un contexto de desesperanza y
desconfianza, acumulados por inauditos actos de corrupción abierta y auspiciada
por el mismo poder constituido obligan a cualquier ciudadano a preguntarse, más
allá de su apretada situación económica, qué puede esperar el país de un
gobierno que no se preparó para gobernar. ¿Sería este el caso de Luis Guillermo
Solís?
Así justifico la elaboración del
presente ensayo, basado en un análisis riguroso y exhaustivo del Primer
Informe-discurso del Presidente de la República al pueblo costarricense,
presentado el 29 de agosto de 2014 en el Teatro Melico Salazar. Los hallazgos
lanzan pistas sobre lo que podría significar un gobierno del PAC con un
candidato llegado a este Partido en el último round.
2.
Metodología del
análisis de contenido.
Para
la elaboración del presente documento se escogió el párrafo como unidad mínima
de análisis, pue se trata de un análisis estructural del texto más que de su
semántica. Así, el documento comprende
un total de 193 párrafos.
Para
abordarlo conforme a los ejes temáticos planteados por el Presidente Solís
Rivera se escogieron las siguientes categorías: la retórica, de acuerdo con la definición que el Presidente Solís
Rivera da en su Informe: “No estamos para juegos de palabras”; la información en su acepción
científica, de datos inéditos; las
denuncias, en su símil de “finca encharralada”; las acciones concretas de
gobernanza (designa
la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado para obtener legitimidad (Wilkipedia); y finalmente, las expectativas a futuro, como
planteamientos en espera de concreción.
3.
Hallazgos
del análisis
3.1.
En el Informe-discurso
de los 100 días predomina la categoría Retórica con un 41,4%). El Presidente Solís Rivera utiliza
esta categoría en tres casos puntuales: 1) para exaltar los valores y
principios morales que debieron caracterizar a los gobernantes en el ejercicio
de su función; 2) cuando subraya las resistencias y dificultades que enfrentará
en su misión por materializar en hechos concretos el cambio prometido en
campaña electoral; 3) para obtener la aprobación de su público-meta escogido:
las clases desprotegidas y desposeídas del bienestar social y material. La
prioridad de su gestión apunta hacia este sector de la población.
Por derivación lógica, la abundancia retórica en el texto le resta espacio, tiempo y energía a la
categoría Acciones concretas de
gobernanza que obtuvo un 12.4%. Se revelan
aquí dos hechos: 1) la estrategia de comunicación subyacente del Presidente
privilegió el mensaje persuasivo, pretendiendo crear un ambiente discursivo de
dramatismo como preámbulo para desarrollar la categoría de las denuncias que alcanzaron el 21,2%; 2) la escasez relativa de las
acciones concretas de gobernanza pasarían inadvertidas; o, en el mejor de
los casos, camufladas o mezcladas entre
las expectativas a futuro que obtuvieron el 12.9%.
Subráyese,
como es de lógica, que un orador escoge la orientación que le dará a su texto,
con lo cual determinará, de facto, el propósito e intención que busca alcanzar.
Porque también existen, en comunicación, dos principios complementarios: 1) sólo
comunico lo que sé; 2) sólo existe lo que comunico.
3.2.
Las
denuncias fueron el plato fuerte del Informe-discurso del Presidente Solís Rivera. Casos de corrupción
compartían magnitud con acciones de ineficiencia administrativa. Para el
Presidente, tan nefastos son los pagos abusivos de horas extras a un círculo de
asesores del exministro de Educación, como la existencia de jefaturas sin
empleados en la CNFL. O el arrendamiento de lujosos edificios, por montos
millonarios en el Ministerio de Vivienda, en el INAMU y en el Ministerio de
Justicia, tanto como las contrataciones millonarias a una sola empresa por parte del Ministerio
de Cultura. Y un último ejemplo: “el descarrilamiento administrativo” del
INCOFER, con el “extravío” de 117 vehículos en Casa Presidencial. Sin el
contexto, todos estos casos aparentan ser actos corruptos.
Aunque la prensa
registró 14 actos de corrupción/ineficiencia, en el texto se contabilizan 41
párrafos expresados por el Presidente Solís Rivera con sesgos de denuncia:
“• ¿Es el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, por cierta
obsecuencia hacia el poder político que se traduce en falta de arrestos para
cumplir y hacer cumplir las leyes que resguardan el patrimonio de la Nación?
•
¿Son las auditorías internas, por su actitud complaciente y cortesana frente a
los jerarcas a quienes deben fiscalizar?
•
¿Es la Procuraduría General de la República, por no cumplir a cabalidad con los
mandatos de su Ley Orgánica, que la obligan a prevenir la corrupción?
•
¿Es la Fiscalía General por la tardanza, no siempre justificada, con que
realiza las investigaciones que le competen?
•
¿Son los departamentos legales y sus decenas de abogados, por olvidar que su
principal obligación es garantizar el escrupuloso acatamiento de la ley por
parte de las administraciones públicas?
•
¿Es la Comisión Legislativa de Control del Gasto Público, por las
interferencias político-partidistas que mediatizan su labor, para buscar más el
impacto publicitario que un escrutinio sistemático de las cuentas públicas?
•
¿Son las y los jerarcas de las distintas administraciones estatales, por
olvidar que son responsables de cuidar y garantizar el buen uso del patrimonio
público que les ha sido confiado?
•
¿Son los mandos medios del Estado que, por complicidad o comodidad, no
denuncian lo que acontece frente a sus narices?
•
¿Son algunos gremios que, por obtener privilegios para sus asociados, han
optado por callar ante tanta irregularidad de la cual han sido testigos?
•
¿Es el aparato de administración de justicia por su incapacidad de garantizar
la salvaguarda del marco legal y constitucional que regula las actuaciones de
los servidores del Estado?
•
¿Es acaso cierta clase política que, con su poder e influencia en todo el
tejido estatal, pudo haber impedido que la Ley de Control Interno y la Ley
Anti-corrupción se aplicaran como debe ser, para no afectar sus intereses?
•
¿Son quizá los grupos de interés económico, a los que la corrupción deja de
molestarles cuando de ella pueden derivar utilidades?
• O, finalmente, ¿es una compleja
conjunción de todos estos factores lo que nos ha llevado a esta postración del
aparato estatal?
3.3.Una digresión.
La
asimilación de conceptos corrupción/ineficiencia bajo el mismo sombrero no pasó
inadvertida para el editorialista de La Nación. Su llamado de atención provocó
la reacción del Presidente Solís Rivera quien lo expresó en un artículo de
opinión en ese periódico, el pasado 2 de setiembre con el título: “Corrupción o
ineficiencia, bienvenido el debate” y del cual extraigo el siguiente texto:
“Reprocha el editorial que la mayoría de los hechos
denunciados en mi discurso “demuestran mala gestión, más que corrupción
propiamente dicha”, y arguye que “no es que la mala gestión deje de crear
oportunidades para la corrupción, pero no son lo mismo. Identificar la
diferencia conduce a plantear la solución adecuada en cada caso”.
“En efecto, convencido de que su impacto en el deterioro de los
servicios estatales y en la calidad de vida de los
costarricenses es el mismo, en forma deliberada quise advertir a la ciudadanía
que la ineficiencia estatal y la corrupción deben ser vistas como
manifestaciones de un mismo fenómeno: la enorme irresponsabilidad con que,
durante muchos años, se han manejado nuestras instituciones públicas”.
(Sin duda se trata de un “lapsus” semántico del Presidente Solís Rivera,
imperdonable en quien cuenta con todos los recursos profesionales a su haber.)
La aclaración es válida, por cuanto en la categoría Denuncias se
incluyen, tanto los (muy) escasos casos de corrupción con la abundancia de
casos de ineficiencia administrativa.
3.4. Particularidades de la categoría información.
Esta categoría abarca al 11,9% del texto y contribuye a darle
credibilidad y rigurosidad al documento. A esta categoría corresponden, por
ejemplo, estadísticas referidas a condenas por parte de la Sala IV en contra de
instituciones y funcionarios públicos por incumplimiento de deberes y violación
de los derechos fundamentales de los demandantes. Pero también hace referencia
a la premisa básica sobre la cual se construirá la gestión administrativa del
Presidente Solís Rivera: “Costa Rica debe progresar bajo el imperio de la Ley.”.
También se incluye en esta categoría los datos presupuestarios de
Avancemos, Fonabe, el estado del régimen no contributivo de la CCSS, así como
el deterioro en los índices de desarrollo humano de Costa Rica.
Aunque en el contexto, los párrafos que contienen información
estadística y fáctica, como el anuncio que el Presidente Solís Rivera hace de
su propuesta tienen una orientación negativa, para los propósitos del análisis
se consideran como datos, cifras que aportan conocimiento a los destinatarios
del mensaje; y en tal condición, se separaran de los casos de denuncias.
3.5. Las expectativas a futuro.
Esta categoría abarca el 12,9% del texto y, por extensión, del tiempo que
el Presidente le dedicó a los planes y acciones proyectadas para darle un
vuelco completo a la forma de hacer política y sembrar en todos los
costarricenses la semilla de la esperanza.
A esta categoría pertenecen párrafos como el siguiente: una “Plataforma de Transparencia
Gubernamental”, Ante ello, el Ministerio de Hacienda ha puesto en ejecución un
conjunto de medidas administrativas para mejorar la recaudación de impuestos e
incrementarla en un 14 %.
El envío a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley contra la evasión fiscal, y
pronto se remitirá otro proyecto de ley anti contrabando. “La ruta para abatir
el déficit fiscal es mediante el aumento de la producción nacional y de la
competitividad (con programas) que
permitan a las empresas incrementar su capacidad de producir riqueza.
La Estrategia
Nacional de Empleo, que representa la articulación de una gran alianza por la
producción. Esta estrategia se encuentra en proceso de revisión (…)
PROEMPRESA,
una plataforma institucional de servicios financieros y no financieros para el
desarrollo de las empresas nacionales, (…)
para el fortalecimiento y promoción de las PYMES, las empresas de la economía
social, así como la inclusión de las mujeres, jóvenes y personas con
discapacidad a nuevas y mejores oportunidades de empleo. (…) se instruyó la
creación de centros de abastecimiento y acopio agropecuarios en las regiones
Brunca y Chorotega. En este sentido, el
trabajo conjunto entre Comex, Procomer, BICSA y nuestras embajadas resultará
vital. Se
ha reactivado la
Comisión de Financiamiento de la Inversión Pública, integrada por el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación”.
La estructura de la perorata del Presidente de la República tuvo un
formato, estructura, contenido y propósito de discurso político, más que de un informe.
Planteado el cambio
de timón pregonado por el Presidente Solís Rivera, la tarea
es sencilla, en apariencia: basta con
aplicar estrictamente los artículos 11,
27 y 30 de la Constitución Política. Es
así como estos se constituyen el pivote de su Informe-discurso de los 100 días. Y por tanto, en la fórmula para el éxito de su
gestión. En sus propias palabras: “El
solo cumplimiento de esta norma constitucional crearía un Estado y una sociedad
mejores”.
Al Presidente Solís
Rivera le resulta difícil prescindir de su estructura mental académica pues en
su fuero interno duda de la
capacidad de comprensión de la filosofía y del cambio que él propone.
“muchos
de quienes reclaman y predican el cambio no siempre comprenden sus alcances, ni
tampoco aceptan los sacrificios necesarios para alcanzarlo y corresponder la
voluntad popular”
Por el lenguaje escogido, tanto en
su expresión como en su concepción, el Presidente se dirige a la masa electoral de votantes:
“La
irresponsabilidad, la sinvergüenzada y las chambonadas en el Estado no pueden
seguir siendo disimuladas, ni toleradas. No solo por razones éticas y morales,
que las hay muchas, sino, principalmente, porque tales disfunciones tienen
costos y consecuencias sociales.”
“Seamos serios, pongámonos firmes y hablemos
con claridad: en la tarea de cuidar el erario público hemos fallado todos o
casi todos. Unos por acción; otros por omisión”.
“La impunidad premia a los cínicos, a los
sinvergüenzas, a los irresponsables y a los incapaces. Eso es lo que enoja a
nuestro pueblo.”
“Es mucho el
dolor y el sufrimiento que han soportado los sectores más débiles de nuestra
sociedad por esta incapacidad e indolencia de los gobernantes.”
Del análisis de contenido aquí realizado se
desprenden, como hechos críticos y delicados: a) la ausencia de un lenguaje
técnico y riguroso en problemas económico-fiscales,
gerenciales (administración, planificación, prospección, producción); b)
carencia de una estrategia concisa y debidamente respaldada por acciones que le
transmitieran a los empresarios, productores, exportadores, inversionistas un
hálito de confianza, o al menos de expectativas de estabilidad económica en el
mediano plazo.
Pero del mismo informe se desprende la animadversión
del señor Presidente por los datos y cifras de orden macro económico, pues
concentra su discurso en el lenguaje comprensivo para sí y para su
público-meta: la gran masa electoral, como ya fue señalado.
A este
propósito es pertinente incluir aquí algunos segmentos escritos por Jorge Guardia, columnista de La Nación, a
propósito del Informe de los 100 días (La Nación 3 de setiembre de 2014):
“ (…) El primero es macroeconómico y, dentro
de él, lo fiscal. No se puede seguir posponiendo soluciones ni pretender nuevos
ingresos de manera sostenible apuntalando el cobro de tributos existentes.
Combatir la elusión y baja contribución pasa, primero, por reformar la
legislación vigente (elusión no significa evadir, sino aprovechar portillos
legales para pagar menos). También se deben eliminar las exoneraciones, todas
de ley, muchas de las cuales son consentidas por el propio Gobierno y sus
diputados. Los proyectos de ley debieron haberse presentado en los primeros 100
días.
“Tras analizar el
discurso de los primeros 100 días me siento muy desilusionado y pesimista. Me
asalta el temor de que, en la incertidumbre de poder hacer aprobar los nuevos
impuestos (IVA y Renta), sin tocar substancialmente el gasto, podría provocarse
un impasse político insuperable. (…) Entonces, surgiría la gran tentación del
populismo para disfrazar los desaciertos económicos (baja inversión y
crecimiento, desempleo, inflación y devaluación) y tratar de gobernar por
decreto mediante el añejo expediente de controlar precios, tarifas y tipo de cambio, recargar en el Banco
Central la lucha contra el desempleo, otorgar subsidios, y
recurrir al hostigamiento empresarial con el apoyo de sindicatos públicos,
universidades, ambientalistas, indignados, rebeldes (con causa o sin ella) y,
desde luego, la izquierda rediviva”.
Finalmente. Se observa en toda la estructura del
Informe la ausencia de un diagnóstico sistémico que responda, al menos, a dos
preguntas básicas: ¿Qué y cuánto se necesita?
El informe también es omiso en la metódica del
proceso. Es decir, cómo se ejecutará el GRAN CAMBIO anunciado por el Presidente
en su Informe-discurso, pero no se ve desarrollado en ninguno de los párrafos.
Menos aún, la estrategia, esto es cómo lo ejecutará.
Ahora bien, el único y gran mérito del
Informe-discurso es el de haber servido como el alta voz de los millones de
ticos tomados literalmente por la desesperanza del día a día, en un país
quebrado económicamente y en su moral cívica.
A este propósito, el Presidente Luis Guillermo Solís
reconoce que “algo se ha movido en este país”, que nunca más será el mismo. El
problema se encuentra en que ignoramos hacia donde se enrumbará la bola de
nieve que provocó el señor Presidente.
|
Retórica 41,4%
|
Información
11.9%
|
Denuncias
(“Finca encharralada”)
21,2%
|
Acciones
concretas de gobernanza
12.4%
|
Expectativas
a futuro.
(12.9%)
|
|
“Gobernar en Democracia es, ante todo y
sobre todo, dar cuentas al pueblo y cumplir con lo que la Constitución y la
Ley mandan.”
“Aprendí en los caminos de la vida que el oficio de gobernar, siempre será un
intento por conquistar el futuro en medio de tenaces resistencias”
La irresponsabilidad, la sinvergüenzada y
las chambonadas en el Estado no pueden seguir siendo disimuladas, ni
toleradas. No solo por razones éticas y morales, que las hay muchas, sino,
principalmente, porque tales disfunciones tienen costos y consecuencias
sociales.
Seamos serios, pongámonos firmes y hablemos
con claridad: en la tarea de cuidar el erario público hemos fallado todos o
casi todos. Unos por acción; otros por omisión.
Eso explica que hayamos vivido en una
democracia secuestrada por una clase política inescrupulosa, muchas veces
deshonesta y casi siempre ineficientes, cuyos vicios y abusos prácticamente
han hecho colapsar el Estado.
|
“Vengo a rendir cuentas (…) de lo que hemos hecho en estos primeros 100
días. Y vengo a informar (…) de lo que nos proponemos hacer en los restantes
45 meses, a partir de la realidad que heredamos.
(…)”Que todas y todos sepan de la situación
en que el nuevo Gobierno recibió el país, el pasado 8 de mayo.
Esta no es una afirmación gratuita. La
estadística judicial lo demuestra: en los últimos ochos años, del 2006 al
2013, solo la Sala Constitucional condenó todos los días, repito: todos los
días, a un promedio de diez instituciones o funcionarios públicos, por
incumplir sus deberes o atropellar los derechos fundamentales de las y los
ciudadanos.
Del
total de recursos que anualmente se dedican para combatir la pobreza, como el
régimen no contributivo de la Caja, el programa Avancemos y Fonabe, más de
una quinta parte, cerca de 40 mil millones de colones al año, benefician al
50% de la población de mayores ingresos del país.
|
En
el INVU encontramos un desastre organizacional. Ahí no funcionan ni los
teléfonos, como lo reportó la nueva presidenta ejecutiva. La institución
tiene cuentas por cobrar por más de 10 mil millones de
colones, algunas de las cuales las arrastra
desde hace 27 años
Hoy,
ante su evidente fracaso, desde esta tribuna, respetuoso, pero vehemente,
pregunto a estas entidades: ¿qué fue lo que se hizo mal al redactar y aprobar
esas leyes? ¿Por qué su aplicación no ha tenido los resultados que se
esperaban?
El
país necesita una respuesta. Es necesario determinar quién o quiénes están
fallando y por qué:
•
¿Es el sistema de fiscalización de la Hacienda Pública, por cierta
obsecuencia hacia el poder político que se traduce en falta de arrestos para
cumplir y hacer cumplir las leyes que resguardan el patrimonio de la Nación?
• ¿Son las auditorías internas, por su actitud
complaciente y cortesana frente a los jerarcas a quienes deben fiscalizar?
Han transcurrido cuatro administraciones
desde que esta norma constitucional fue modificada, con la finalidad expresa
de mejorar los mecanismos de evaluación de resultados en las instituciones
públicas, para exigir cuentas a sus funcionarios y para hacerlos
responsables, personalmente, de sus desmanes. ¡Y qué frustración! Todo quedó
en el papel; nada ha cambiado en la realidad.
|
Ante ello, el Ministerio de Hacienda ha
puesto en ejecución un conjunto de medidas administrativas para mejorar la
recaudación de impuestos e incrementarla en un 14 %. Para ello, se cambió la
metodología de fiscalización de las grandes contribuyentes y se han
implementado varios programas informáticos que permiten hacer cruces entre
bases de datos que antes no estaban disponibles
Se ha implementado un sistema de
seguimiento de todos los ingresos y gastos del presupuesto nacional, para
vigilar su comportamiento, de manera que sea posible anticipar los resultados
de las medidas que se han puesto en marcha.
Haremos valer las disposiciones que obligan
al Consejo de Gobierno, a las Juntas Directivas de las instituciones
autónomas, incluidos los bancos estatales; así como a todos los órganos
colegiados de los Ministerios, de las empresas estatales y de la Administración
Pública en general; a garantizar el libre acceso de sus resoluciones y
acuerdos, con su respectivo registro de votación
|
En ese mismo sentido, nos encontramos en la
fase preparatoria de una “Plataforma de Transparencia Gubernamental”, por
medio de la cual cualquier persona podrá tener fácil acceso a todo tipo de
información pública que tenga derecho a escrutar, en ejercicio de las
garantías que la Constitución le otorga, para una sana vigilancia del erario
público.
La austeridad en viajes al exterior, la
disminución de las consultorías, la frugalidad como regla en la organización
de todo evento público y el recorte de gastos operativos controlables, habrá
de generarle al fisco otro ahorro de 20 mil millones.
Con ese propósito hemos elaborado una
Estrategia Nacional de Empleo, que en realidad representa la articulación de
una gran alianza por la producción. Esta estrategia se encuentra en proceso
de revisión para asegurar la creación de mayores empleos de mayor calidad.
|
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