Tuve la oportunidad de pertenecer a una junta de educación en la escuela líder de San Blas de Moravia y a una junta administrativa en lo que fuera el liceo rural de Colonia Puntarenas de Upala y que hoy se convirtió en liceo académico. En el primer caso, la junta de educación de San Blas de Moravia pintó todo el salón de actos, construyó el gimnasio, entre otras obras. Y la Junta Administrativa de Educación de Colonia Puntarenas construyó desde la nada un edificío de más de 150 millones de colones. Al igual que este liceo académico que empezó siendo una telesecundaria, en esta zona existen otros liceos rurales que reciben prestados los salones comunales para que los alumnos reciban clases en las peores condiciones. También está el caso de la escuela de Colonia Puntarenas con una junta de educación inoperante y un director que ofreció en diciembre de 2009 pocos meses antes de las elecciones que dieron el triunfo a Laura Chinchilla camarones jumbo a los alumnos con un presupuesto de miles de millones de colones para dar alimento en vacaciones. Imagínense tal idiotez.... Esos miles se esfumaron. El diputado Walter Céspedes denunció la existencia de facturas infladas y falsificadas. Pero todo quedó en nada.
El buen desempeño de las juntas depende de la honestidad de directores e integrantes de juntas. Aquí las municipalidades nada tienen que hacer, pues ellas solo aprueban la terna que les manda el director. Las cuentas no se las rinden a la Municipalidad. En las actuales circunstancias, las juntas están por la libre. De ahí la necesidad de replantear su accionar. Por eso endoso el presente editorial de La Nación.
EDITORIAL de LA NACIÓN 26 de marzo de 2013
Las juntas de educación
El MEP pretende aclarar la pertenencia de las juntas a su
ámbito de acción y fortalecer los controles sobre la inversión de su cuantioso
presupuesto
La iniciativa suscita críticas en los pasillos de algunas municipalidades,
preocupadas por preservar la influencia ejercida hasta ahora
El modelo educativo costarricense contiene un importante
elemento de representación comunal cuyo propósito es introducir un grado de
sensibilidad a las necesidades específicas de cada zona y fortalecer los
vínculos entre los centros educativos y sus usuarios.
Las 3.721 juntas de educación contribuyen al manejo de
importantes programas en las escuelas y 641 juntas administrativas cumplen
similares funciones en los colegios. En conjunto, administran un fondo de
¢146.000 millones girados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para
sufragar los gastos operativos, el mantenimiento de la infraestructura y el
funcionamiento de los comedores escolares.
Unos 22.000 ciudadanos integran las juntas en todo el país
sin obtener retribución económica a cambio. Su disposición a servir es
encomiable y su número acredita el importante grado de participación comunal en
la administración de una de las funciones estatales más relevantes.
Existe, sin embargo, una laguna significativa en la
supervisión de esas labores y la fiscalización del uso de tan cuantiosos
recursos. Así lo han señalado la Contraloría General de la República y la
auditoría del MEP. Para comenzar, el equilibrio entre la participación local y
la conducción nacional se resquebraja cuando las municipalidades se apartan de
las ternas propuestas por el Ministerio para integrar las juntas.
No existe, además, uniformidad de criterios para la
fiscalización. Según Mario Mora, viceministro de Planificación Institucional
del MEP, algunas instituciones rinden informes trimestrales; otras, dos veces
al año; muchas, cuando se les antoja; y varias, simplemente, no lo hacen. La
ausencia de un procedimiento dificulta la remoción de las juntas cuando surgen
cuestionamientos a la ejecutoria.
El MEP pretende corregir las deficiencias con la
promulgación de un nuevo reglamento cuyo articulado exigirá informes
trimestrales y apego de las municipalidades a las ternas sometidas a su
consideración por el Ministerio. También aclarará el procedimiento a seguir
cuando una junta resulte ineficaz o uno de sus miembros falte a sus deberes.
La iniciativa ya suscita críticas en los pasillos de algunas
municipalidades, preocupadas por preservar la influencia ejercida hasta ahora.
Rolando Rodríguez, presidente de la Unión de Gobiernos Locales, sugiere la
adopción de reglamentos municipales para llenar los vacíos normativos
existentes en la actualidad.
El MEP más bien pretende aclarar la pertenencia de las
juntas a su ámbito de acción, pese a la potestad de nombramiento concedida a
los ayuntamientos. El viceministro Mora insiste en la necesidad de eliminar
“algunas tentaciones o malas interpretaciones” conducentes a dar la impresión
de que las juntas responden a directrices municipales.
La naturaleza de los problemas detectados inclina la balanza
a favor de la tesis del Ministerio. La falla está en la dispersión, la falta de
criterios uniformes y la indefinición de las responsabilidades. No es factible
corregirla mediante la aprobación de decenas de reglamentos redactados a gusto
de los gobiernos locales.
Si bien la participación comunal en la administración del
presupuesto educativo tiene méritos indiscutibles, la dispersión de los
mecanismos de control y fiscalización de las inversiones crea riesgos
considerables. La iniciativa del MEP comprende también las responsabilidades de
los directores de los centros educativos y los supervisores regionales.
Romper la cadena de supervisión o distorsionarla con la
creación de áreas grises derrota el propósito del MEP y no resuelve las
inquietudes expresadas por la auditoría interna y la Contraloría General de la
República.
